Las empresas que no acataron la Ley Fintech de México incurren en delitos con penas de cárcel de hasta 15 años

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Tras el vencimiento del plazo para que las empresas fintech solicitaran autorización a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de México (CNBV), trámite que sólo realizaron 85 empresas de tecnología financiera, aquellas que quedaron fuera del marco regulatorio establecido en la llamada Ley Fintech estarían incurriendo en un delito que contempla multas elevadas e incluso penas de cárcel.

Así lo declaró Paola Rivera Zavala, directora de autorizaciones  de Tecnología Financiera de la CNBV, durante la celebración del foro “Panel Fintech: el camino a la regulación” que se llevó cabo en la Ciudad de México. En el mismo sentido, la funcionaria también señaló que dichas compañías deberán de concluir con sus operaciones y/o liquidarlas según sea el caso.

La Ley Fintech, que fue aprobada el año pasado en México, establece que aquellas empresas que realizaban operaciones antes de la entrada en vigor de la iniciativa, y no se acogieron a los lineamientos de la misma, no pueden continuar ofreciendo sus servicios al público so pena de ser objeto de multas que podrían ir de 422,000 pesos (unos 21,500 dólares) hasta 12.6 millones de pesos (643,000 dólares) así como penas de cárcel que podrían llegar a 15 años.

Como alternativa, Rivera Zavala recomendó a las fintech que se encuentran en tales circunstancias, presentar un plan de trabajo en el que deben establecer claramente la hoja de ruta que seguirán para concluir con el cierre y liquidación de sus operaciones.

La funcionaria apuntó que existe una unidad administrativa de la CNBV que tiene por función investigar a aquellas compañías que en la actualidad continúan operando pero no están autorizadas para ello. Dicha entidad se encarga de realizar visitas a las fintech en cuestión no sólo con la finalidad de advertirlas, sino de verificar que efectivamente están realizando un proceso de liquidación. En este sentido, la presentación del plan de trabajo podría evitar la comisión de un delito flagrante.

Adicionalmente, y dada la cantidad de propuestas que han sido recibidas por parte de las tecnológico-financieras, Rivera Zavala señaló que llegado el momento podría abrirse una segunda y hasta una tercera etapa de negociación para tratar de alcanzar un acuerdo con aquellas empresas que debido a requisitos mínimos no pudieron obtener o presentar la solicitud de autorización correspondiente.

Asimismo, la funcionaria también aclaró que el vencimiento del plazo no implica que nuevas empresas no puedan someterse a la regulación, por el contrario, pueden continuar enviando sus solicitudes.


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